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La situación actual del biodiésel en Argentina está marcada por la Ley 27.640, que obliga al gobierno a sustituir importaciones de combustibles fósiles por biocombustibles nacionales para proteger las divisas del país.
A pesar de esta normativa, el gobierno de Javier Milei ha permitido que las petroleras aumenten el corte de biocombustibles en las naftas, pero no ha implementado medidas similares para el biodiésel, que actualmente se encuentra en un 7,5% cuando la ley permite hasta un 20%.
El costo de importar diesel fósil es significativamente más alto que el de producir biodiésel en el país, lo que debería guiar la política energética. Sin embargo, la falta de acción del gobierno en este sentido ha generado críticas, especialmente desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables, que argumenta que la ley debería ser aplicada para fomentar el uso de biodiésel y reducir los precios en el surtidor.
Los productores de biocombustibles han solicitado formalmente a la Secretaría de Energía que cumpla con la ley y actúe para sustituir las importaciones de diesel fósil, especialmente en el contexto de la crisis de precios de combustibles derivados del conflicto en Medio Oriente. Se destaca que la capacidad de producción de biodiésel en el país es suficiente para satisfacer la demanda y que su inclusión en el mercado podría contribuir a la seguridad energética y a la reducción de precios.
