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La Municipalidad de Santa Fe está reabriendo el debate sobre la regulación de aplicaciones de viajes, partiendo de tres premisas: la opinión de los vecinos, la seguridad de los pasajeros y el aumento de controles.
Nueve meses después de la aprobación de la ordenanza 12.991, que requería la inscripción de empresas de transporte en un registro público, se constató que solo ocho de las empresas cumplieron con este requisito, mientras que Uber y Didi, las más reconocidas, no lo hicieron.
Las autoridades municipales han mantenido un diálogo constante con estas empresas, que argumentan que su función es conectar oferta y demanda, no ofrecer un servicio de transporte público. Esta situación no es exclusiva de Santa Fe, ya que se repite en otras ciudades, con Mendoza como excepción donde se aceptaron ciertas regulaciones debido a una ley provincial.
El secretario de Gobierno, Sebastián Matropaolo, enfatizó la necesidad de que los conductores de aplicaciones cuenten con licencias profesionales y controles psicofísicos. Además, la problemática de los «Uber Moto» se ha vuelto crítica, especialmente tras accidentes fatales que involucraron a conductores bajo la influencia de sustancias. A pesar de la prohibición de este servicio, la Municipalidad reconoce la dificultad de controlar su uso.
En cuanto a la cantidad de choferes, se estima que hay alrededor de 1.000 taxistas y remiseros en la ciudad, frente a aproximadamente 2.000 choferes de aplicaciones, muchas de los cuales combinan ambas actividades. La creciente demanda de servicios de transporte y la disposición de los ciudadanos a trabajar en este sector son evidentes, lo que ha llevado a la Municipalidad a considerar la prórroga de la ordenanza vigente ya reabrir el diálogo con todas las partes aceptadas para adaptar la legislación a las nuevas realidades tecnológicas y garantizar la seguridad de los usuarios.
